Moscú confisca bienes de los Testigos de Jehová europeos. Más de un centenar de inmuebles en distintas regiones de Rusia han sido transferidos al Estado en contra del derecho internacional

El 31 de julio de 2026, el Tribunal de Distrito de Kuzminki en Moscú satisfizo la demanda de la Fiscalía General y transfirió a propiedad estatal bienes inmuebles pertenecientes a personas jurídicas de los Testigos de Jehová de siete países europeos. Hasta 2017, miles de creyentes utilizaban estos edificios; actualmente, muchas de las construcciones están abandonadas y se encuentran en estado de deterioro.

«Todas las reclamaciones presentadas por el fiscal se refieren al contenido ideológico, y no jurídico, de la actividad de los Testigos de Jehová, lo que evidencia un enfoque discriminatorio», comentó el representante de una de las organizaciones religiosas en sus objeciones escritas a la demanda. El fiscal no presentó pruebas de que los bienes en disputa hubieran sido adquiridos ilegalmente o utilizados con fines extremistas.

El tribunal de la capital determinó el destino de 123 inmuebles en 21 regiones de Rusia. Todos ellos estaban en propiedad de personas jurídicas de creyentes en Finlandia, Dinamarca, Austria, España, Portugal, los Países Bajos y Suecia. Cuando en 2017 el Tribunal Supremo prohibió de hecho a los Testigos de Jehová en Rusia, a las entidades jurídicas europeas se les denegó la participación en el proceso, bajo el argumento de que supuestamente sus derechos no se veían afectados. Ahora, nueve años después, la Fiscalía General logró la confiscación de sus propiedades. El valor catastral de los bienes incautados es de unos 415 millones de rublos (aproximadamente 4,7 millones de euros); según la valoración de los demandados, el valor de mercado es varias veces superior.

En junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que la liquidación de las personas jurídicas de los Testigos de Jehová en Rusia y la confiscación de sus bienes constituían una violación de derechos humanos fundamentales. Según esa decisión, el Estado está obligado a devolver lo confiscado o indemnizar el valor correspondiente. La resolución actual del tribunal de Moscú contradice de manera directa el fallo del TEDH.